Nuestra firma de Abogados Landmark Solid Group Cuenta con su cede en la Ciudad de México, sin embargo atiende asuntos en toda la republica mexicana, tales como:
Trayectoria de Experiencia.
Nuestra firma ha participado en más de 500 procedimientos legales en 10 Años de experiencia, el conocimiento de la materia nos permite tener una adecuada representación de los intereses, ya sea en los procedimientos administrativos derivados de importaciones o exportaciones, indistintamente del volumen o mercancía
Aquí hay algunas medidas comunes que pueden formar parte de la defensa legal en comercio exterior:
Asesoramiento legal preventivo: Antes de embarcarse en transacciones comerciales internacionales, es importante buscar asesoramiento legal para comprender las leyes y regulaciones comerciales aplicables, así como para negociar y redactar contratos que protejan los intereses de la empresa.
Gestión de riesgos y cumplimiento normativo: Los abogados especializados en comercio exterior pueden ayudar a identificar y mitigar riesgos legales asociados con transacciones internacionales, así como garantizar el cumplimiento de regulaciones aduaneras, de importación y exportación, sanciones comerciales y otras normativas aplicables.
Resolución de disputas: En caso de surgir disputas comerciales en el ámbito internacional, los abogados pueden representar a las partes involucradas en negociaciones, mediaciones, arbitrajes internacionales o litigios judiciales para buscar una solución justa y eficiente.
Protección de propiedad intelectual: La defensa legal en comercio exterior también puede incluir la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero, como patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos comerciales, mediante registros, negociaciones de licencias y acciones legales contra infractores.
Cumplimiento de normativas de exportación e importación: Los abogados pueden asistir en la preparación y presentación de documentos necesarios para el cumplimiento de regulaciones de exportación e importación, incluyendo licencias, permisos y certificados.
Una fracción arancelaria incorrecta es aquella que se asigna
a una mercancía de forma errónea dentro de la Tarifa de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), ya sea por desconocimiento
técnico, error en la interpretación de las reglas de clasificación, o con la
intención de reducir indebidamente los impuestos o evadir regulaciones.
La fracción arancelaria define el tratamiento fiscal,
comercial y aduanero de una mercancía, por lo que su correcta determinación es
fundamental para cumplir con las disposiciones legales en materia de comercio
exterior.
Consecuencias de utilizar una fracción arancelaria
incorrecta:
Determinación incorrecta de impuestos
Puede derivar en el pago insuficiente de contribuciones como el IGI, IVA o
IEPS, lo cual constituye una omisión fiscal.
Aplicación errónea o evasión de regulaciones y restricciones
no arancelarias (RRNA)
El uso de una fracción equivocada puede eludir indebidamente permisos,
certificaciones NOM, avisos automáticos, o cuotas compensatorias.
Sanciones administrativas
Conforme a la Ley Aduanera, se pueden imponer multas económicas por declarar
una fracción arancelaria distinta a la que corresponda a la mercancía
importada.
Créditos fiscales y recargos
La autoridad fiscal puede determinar diferencias de impuestos y exigir el pago
de los mismos con actualización y recargos.
Suspensión del Padrón de Importadores
El uso reiterado de fracciones incorrectas puede dar lugar a la suspensión
temporal o definitiva del padrón, lo que impide realizar futuras operaciones de
importación.
Embargo precautorio o detención de mercancías
La autoridad aduanera puede retener o embargar las mercancías hasta que se
corrija el error, generando retrasos y costos adicionales.
Responsabilidad penal (en casos de dolo)
Si se demuestra que la clasificación incorrecta fue intencional con fines de
evasión fiscal, puede configurarse un delito fiscal sancionado penalmente
conforme al Código Fiscal de la Federación.
La correcta clasificación arancelaria es una obligación
legal del importador y debe realizarse con base en criterios técnicos, legales
y documentales precisos, para evitar consecuencias económicas y jurídicas.
